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El sobrecoste del desvío ferroviario

**Artículo de opinión publicado por el concejal socialista, Antonio Fernández Santos, en el periódico Diario de Burgos el 22 de marzo de 2017

El sobrecoste del desvío ferroviario

22 de Marzo de 2017 Leído 204 veces

Han transcurrido ocho años y tres meses, desde que los primeros trenes circularon por la variante ferroviaria que circunvala la ciudad para llegar a la nueva estación de ferrocarril “Rosa de Lima”, y continuar su trayecto hacia el norte de España. Más de ocho años, desde que todos los trenes que llegaban a Burgos debían atravesar la ciudad durante 11 Km, y se convertían en un peligro inminente en los 10 pasos a nivel, que compartían con peatones y vehículos, y en los que, en algunos de ellos, se produjeron sucesos luctuosos que nos conmocionaron a todos y nos conjuraron para eliminar esa gran herida en la trama urbana de esta gran ciudad, eliminando la barrera ferroviaria de la vida cotidiana de los burgaleses.



Para realizar esa gran obra de la variante ferroviaria, una de las de mayor coste económico en la historia de la ciudad, el 13 de enero de 1998 se firmó, de forma precipitada, un Convenio entre el Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla y León, Renfe y el Ayuntamiento de Burgos. Ni siquiera estaba redactado el Estudio Informativo de la obra, ni, por tanto, el Proyecto de la Variante Ferroviaria de Burgos, pero se previó un presupuesto máximo de 114.192.300 € para la realización de las obras y se distribuyeron las aportaciones económicas; Ministerio de Fomento: 33.055.666 €, Junta de Castilla y León: 16.527.833 €, y Ayuntamiento de Burgos: 64.608.801 €, de los que 48.080.968 € deberían obtenerse de la venta de los terrenos liberados y que eran propiedad de Renfe (hoy Adif). Además el Ayuntamiento de Burgos asumía la totalidad de los coste de las expropiaciones que ascendieron a 19.400.000 €. Y lo más grave de todo, el Ayuntamiento de Burgos se comprometía a hacerse cargo de la totalidad de los sobrecostes de esa gran obra que superaran los 114.192.300 €.

Ocho años y tres meses después de la finalización de la obra, el Ministerio de Fomento, entidad contratante de la obra, no ha hecho público el coste total de la construcción de la variante ferroviaria. Los datos extraoficiales que se filtraron hace tiempo, estimaban el coste total de la obra en 218.000.000 €, aunque podría ser bastante mayor. Si esta cifra se confirmara, el Ayuntamiento de Burgos debería abonar, como mínimo, al Ministerio de Fomento una cantidad superior a los 104.000.000 €.

La Ciudad de Burgos debe manifestar su rechazo absoluto al abono de cualquier sobrecoste que le exija el Ministerio de Fomento del Gobierno de España, en relación con la obra de la variante ferroviaria. El Gobierno de España, y el Partido o Partidos que lo sustenten en cada momento, deben entender que Burgos no puede asumir, a su costa, esas cantidades desorbitadas. Y no puede, ni debe hacerlo, por muchas razones: 1ª.- Porque, cuando se firmó el Convenio de 1998, no existía Proyecto Técnico y, por tanto, se desconocía el coste real de las obras, y, en consecuencia, la estimación del coste final de las obras, que determinó el Ministerio de

Fomento, resultó, absolutamente, erróneo. 2ª.- Porque desde que se firmó el Convenio de 1998 hasta el inicio de las obras, en diciembre de 2001, se produjeron cambios legislativos que incrementaron sustancialmente el valor de los terrenos a expropiar (se preveía un gasto de 3,56 millones de euros y acabamos pagando 19,4 millones de euros). 3ª.- Porque el precio de las obras se incrementó como consecuencia de decisiones del Ministerio de Fomento, en referencia a la inclusión de una tercera vía del ferrocarril, no prevista, que se amplió para adaptarse al modelo europeo. 4ª.- Porque el coste de ejecución se ha incrementado debido a equivocaciones técnicas del órgano de contratación y de la dirección de las obras que han retrasado las anualidades previstas para su finalización. 5ª.- Porque el Ministerio de Fomento aplicó a Burgos un Acuerdo leonino y abusivo para los intereses de la Ciudad, que no se aplicó en ningún otro Acuerdo con otras Administraciones Públicas de España, para la ejecución de infraestructuras ferroviarias en el ámbito urbano. 6ª.- Porque la Administración General del Estado es responsable de la infraestructura ferroviaria, en virtud de la competencia exclusiva que ostenta en materia de obras públicas de interés general y en ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma (artículo 149.1.24 y 149.1.21 de la Constitución Española), por lo que no parece lógico que los burgaleses y las burgalesas, a través de su Ayuntamiento, tengan que soportar los extraordinarios costes de esta obra, que debían ser de la exclusiva competencia del económicamente poderoso Ministerio de Fomento.

¡Ni un euro más de los burgaleses para la obra de la variante ferroviaria!

Antonio Fernández Santos.

Concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos y representante del PSOE en el Consejo del Consorcio para la Gestión de la Variante Ferroviaria.