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El Plan Director sobre la administración electrónica evidencia notables incumplimientos en la aplicación de las normas legales en el Ayuntamiento

El Plan Director sobre la administración electrónica evidencia notables incumplimientos en la aplicación de las normas legales en el Ayuntamiento

9 de Octubre de 2017 Leído 103 veces

Hoy, la comisión de Hacienda, Contratación, NNTT Y Modernización Administrativa, ha valorado el Plan Director que se propone para corregir a corto y medio plazo las importantes carencias que ostenta el Ayuntamiento de Burgos para adaptar su admnistración a las normativas vigentes.

El Plan de actuación se plantea en varías fases con una temporalidad de 6 años y un presupuesto estimado para su ejecución de 3,24 millones de euros.

“Un Gobierno Abierto para Burgos” era la base sobre la que pivotaba el proyecto político de los socialistas en las pasadas elecciones municipales y que consistía en proporcionar, más transparencia, más participación y más colaboración entre el Ayuntamiento y sus vecinos, colectivos y entidades. Este compromiso pasaba entre otras cosas, por implantar la administración electrónica en el Ayuntamiento, actuación que a pesar de no gobernar, los socialistas lograron incorporar como inversión en el actual presupuesto municipal.

Lamentablemente y tal como los concejales del PSOE han venido adelantando, la situación del Ayuntamiento de Burgos respecto a la aplicación de la Leyes que regulan la aplicación de la administración electrónica en las administraciones locales es muy deficiente. Esta vez ha sido el propio informe de situación que incluye el Plan Director de aplicación de la normativa en esta materia, encargado externamente por el propio equipo de Gobierno a la consultora SAC, quien lo pone de manifiesto.

En primer lugar dicho Plan hace una referencia al propio Reglamento para la Implantación de la Administración Electrónica y Regulación del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Burgos aprobado en 2009, el cual “no se ha adaptado a los nuevos requisitos normativos surgidos a partir de su fecha de aprobación”. El Plan señala que “el Ayuntamiento no está adaptado a la actual normativa general de administración electrónica”, siendo numerosas las carencias en incumplimientos detectados: “la implantación de los documentos electrónicos es mínima; la tramitación electrónica es minoritaria; no existe un archivo electrónico; no se están efectuando intercambios registrales con otras administraciones; no se han evidenciado la realización de notificaciones electrónicas; el uso de sistemas de identificación y firma es prácticamente inexistente; y no se han evidenciado sistemas reglados de representación.”

En segundo lugar, el nivel de adaptación del Ayuntamiento a la normativa en materia de seguridad de sistemas de información arroja una situación muy preocupante: “no se ha realizado auditorias bienales; no se han realizado inventarios de servicios e información; no se ha realizado un análisis de riesgos; y no se dispone de un sistema de gestión de la seguridad de la información entre otras consideraciones”. En cuanto al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto del Esquema Nacional de Seguridad, “el grado de cumplimiento para las medidas del marco organizativo es tan solo de un 4%, de un 8% para las del marco operacional, y de un 12% para las medidas de protección.”

En concreto, en relación al nivel de cumplimiento del Real Decreto por el que se aprueba el reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, “el grado de cumplimiento para las medidas de nivel básico es solo del 11%, del 18% para las de nivel medio; y un 14% para las de nivel alto.” En cuanto a la Ley de Transparencia y Reutilización de datos públicos (Ley 37/2007 de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público), “no hay constancia de que el Ayuntamiento de Burgos elabore de forma sistemática la explotación de la información que dispone en los ámbitos de interés que recoge la Ley, como información social, económica, jurídica, geográfica, meteorológica, turística, sobre empresas, etc. en los términos de utilización objeto de la regulación.”

Según se informa en el Plan la sede electrónica del Ayuntamiento de Burgos “carece del servicio de asesoramiento electrónico, la información relacionada con la protección de datos, la verificación de los sellos electrónicos, y la relación de códigos de identificación administrativa. No constan en el Ayuntamiento la realización de procesos de digitalización, salvo en el ámbito tributario, del mismo modo que tampoco existe constancia del uso de las notificación electrónicas. Tampoco existe un sistema de uso general por el Ayuntamiento para la gestión documental. Se carece igualmente de un sistema para la gestión de un archivo mixto (fisico-electrónico)”.

Por último, “no se disponen en el perfil del contratante de capacidades de gestión de acuerdos marco, sistemas dinámico de adquisición, subastas y catálogos electrónicos, centrales de compra y contratación conjunta, mecanismos todos ellos previstos en la norma. Por tanto, podemos considerar que las herramientas de soporte a la contratación que se utilizan, están desactualizados y no cumplen con las necesidades actuales del servicios tanto por operativa como por cumplimiento normativo.”

Ante este demoledor informe, el Grupo Municipal Socialista espera que el equipo de Gobierno del Partido Popular se tome muy en serio el plan de actuación propuesto para poder implantar de forma progresiva las diferentes actuaciones que vienen establecidas y que supondrían una transformación integral a medio plazo del Ayuntamiento en cuanto al procedimiento administrativo y a la relación con los administrados se refiere.