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De la Rosa exige al Gobierno central un nuevo instrumento normativo-jurídico que ofrezca certidumbre a las Corporaciones Locales

27 de Octubre de 2021

De la Rosa exige al Gobierno central un nuevo instrumento normativo-jurídico que ofrezca certidumbre a las Corporaciones Locales

El alcalde de Burgos prevé que la ciudad podría dejar de ingresar 10 millones de euros con la anulación de la plusvalía

El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, ha exigido al Ministerio de Hacienda una respuesta rápida ante la anulación del impuesto de plusvalías por parte del Tribunal constitucional, y ha avanzado que tanto la Federación Española de Municipios y Provincias como el propio consistorio burgalés van a exigir que se regule lo antes posible un nuevo marco normativo para dar certidumbre jurídica a los ayuntamientos a la hora de hacer la previsión de ingresos para el año que viene.

Entrando en detalles, el primer edil de la ciudad ha indicado que esta decisión tiene como consecuencia inmediata una minoración significativa en los ingresos de los Ayuntamientos.

La disminución de ingresos como ha indicado De la Rosa puede ser de 2.500 millones de euros para el año que viene, y centrándonos en el consistorio burgalés se prevé una merma aproximada de 10 millones de euros en los ingresos.

Por todo ello, el alcalde ha sido contundente al señalar que el Ministerio de Hacienda tiene la obligación de trasladar de manera inmediata un instrumento normativo que permita dar solución a esta situación.

Además, ha señalado que el Gobierno de España debe de hacer frente a esta bajada de ingresos que sufrirán las administraciones locales con una compensación económica.

Sin embargo, De la Rosa ha asegurado que pese a este escenario el equipo de Gobierno va a seguir trabajando en el presupuesto del año 2022, un hoja de ruta que como ha señalado rondará los 200 millones de euros.

Un presupuesto que como ha indicado el alcalde está vinculado a los distintos compromiso adquiridos por el Ejecutivo municipal a lo largo de estos dos primeros años de mandato.

Asimismo ha dejado claro que esta situación no modifica la intención del equipo de Gobierno de aprobar inicialmente el proyecto de presupuestos en el mes de diciembre.

“Estamos ante un problema jurídico que obliga al Gobierno a plantear una pronta solución  puesto que el agujero que provoca con esta decisión es muy relevante”, ha concluido el primer edil de la ciudad.