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El PSOE instan a la Junta a que colabore en la prestación de servicios de la OMIC

09 de Mayo de 2018

El PSOE instan a la Junta a que colabore en la prestación de servicios de la OMIC

Daniel de la Rosa Villahoz, portavoz del Grupo Municipal de Concejales Socialistas del Ayuntamiento de Burgos, con NIF G-28477727, y dirección en C/ Diego Porcelos, Nº4. 2º, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43.2 del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Ayuntamiento de Burgos (BOP del 12/11/2012), presenta la siguiente Proposición

COMPETENCIA SOBRE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACI?N AL CONSUMIDOR (OMIC) EXPOSICI?N DE MOTIVOS La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) es un servicio que presta el Ayuntamiento de Burgos que tiene como misión atender y resolver las consultas de los consumidores y usuarios, mejorar su formación, impulsar la sensibilización de los agentes sociales, atender y canalizar sus reclamaciones y denuncias y en general impulsar la defensa y el respeto de sus derechos. La Oficina Municipal de Información al Consumidor de Burgos, fue constituida mediante acuerdo Pleno del Ayuntamiento de Burgos de fecha 3 de mayo de 1984. El 29 de diciembre de 2008 se suscribió el contrato con la empresa GABITECO SL por el cual se externaliza este servicio por el precio de 180.716 ? anuales (IVA incluido), de los cuales 162.708 ? correspondían al servicio de atención directa y 18.008 ? al servicio telemático. La duración del contrato era de ocho años prorrogables hasta un máximo de diez. El contrato se modifica el 12 de febrero de 2013 cuyo precio queda fijado en 169.741,08 euros (IVA incluido) para todos los servicios prestados. El precio del contrato se iría actualizado de conformidad con el convenio colectivo en vigor. En este sentido, el Ayuntamiento asume el 85 % del coste correspondiente al incremento del IPC, la antigüedad y las disposiciones generales en el orden laboral. De los excesos de estos costes sólo asume el 70% del exceso. El 30% restante va a cargo del contratista. Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 18 de diciembre de 2017 se aprobó la última prórroga de este contrato para el periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2017 y el 29 de diciembre de 2018, por un importe de 174.932,66 ? (IVA incluido). En esa misma fecha, el Director de la OMIC emite un informe en el que señala que la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local suprimió del listado de competencias propias de los municipios la ??defensa de usuarios y consumidores? pero alega que la Ley 11/1998, de 5 de diciembre, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de Castilla y León contiene los términos en los que los Ayuntamientos pueden promover la protección de los consumidores estableciendo la creación de oficinas de información y protección al consumidor. El informe concluye asegurando que las competencias y funciones que en materia de protección a los consumidores realiza el Ayuntamiento de Burgos a través de la OMIC son competencias propias y que procede iniciar un nuevo procedimiento de contratación de los servicios de atención al consumidor. El Concejal Delegado de Hacienda el pasado 12 de febrero de 2018 a través de una providencia, solicita informe jurídico con el fin de determinar si la materia de defensa de consumidores y usuarios es una competencia propia de los Ayuntamientos y si resulta proceden iniciar un nuevo procedimiento de contratación de dicho servicio, habida cuenta que la última prórroga del contrato con GABITECO SL concluye el 29 de diciembre de este año. En este sentido el Secretario General del Pleno emite un informe de fecha 5 de abril de 2018 en el que señala que la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprobó el Estatuto del Consumidor de Castilla y León, ha derogado la ley anterior a la que hacía mención el Jefe de la OMIC en su informe (Ley 11/1998, de 5 de diciembre, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de Castilla y León) y que en la nueva Ley autonómica no consta referencia alguna expresa de la competencias municipales en materia de defensa del consumidor, por lo que entiende que el Ayuntamiento de Burgos no tiene competencia propia en materia de defensa de consumidores y usuarios, al no estar directamente habilitado ni por la LBRL ni por el Estatuto del Consumidor de Castilla y León. No obstante el propio Secretario del Pleno advierte que el Estatuto del Consumidor de Castilla y León tampoco ha recogido regulación transitoria alguna para que, en un determinado plazo, la Comunidad Autónoma de Castilla y León asumiera la gestión de los servicios de atención y defensa de los consumidores y usuarios que hasta ese momento vinieran prestando los municipios. Por lo tanto deduce que la prestación de este servicio no queda fuera del alcance de una posible competencia municipal al no atribuirse su prestación a otra Administración pública. Como ya hemos comentado, La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que modifica en parte La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Reguladora de las Bases de Régimen Local, no incorpora entre las competencias propias del municipio (art. 25) la defensa de usuarios y consumidores. Tampoco establece nada al respecto la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. Es por esto que debamos recurrir a lo establecido en la propia Ley de Bases de Régimen Local para comprobar si prevé que las entidades locales desarrollen competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación: Art. 7.4: "Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias". El propio Secretario del Pleno concluye en su informe que de no acudir a una delegación expresa por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para seguir prestando los servicios, con la correspondiente financiación por parte de la Junta de Castilla y León, esta sería la vía apropiada para que el Ayuntamiento pudiera seguir desarrollando la defensa de usuarios y consumidores desde la OMIC. El Grupo Municipal Socialista valora muy positivamente el servicio que viene prestado la OMIC a miles de vecinos y vecinas de Burgos desde hace 34 años. Como concejales siempre hemos apostado porque la administración más próxima al ciudadano, el Ayuntamiento, pueda facilitar cuantos servicios sean necesarios para mejorar la calidad de vida de los burgaleses. Ahora bien, procurando que dichos servicios se presten dentro del marco de las competencias municipales o conviniendo con las administraciones competentes aquellos que requieran de algún tipo de colaboración. En el caso que nos ocupa y ante la tesitura de proceder o no la a elaboración y aprobación de unos pliegos que conlleven a un nuevo procedimiento de contratación para la adjudicación de los servicios que se prestan desde la OMIC, consideramos que tal como se establece en la Ley de Bases de Régimen Local y de acuerdo a las conclusiones que refleja el informe jurídico del Secretario del Pleno, es perceptivo que se tramite el procedimiento administrativo previsto en el art. 7.4 de la LBRG antes señalado. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS 1.- Instar a la Junta de Castilla y León, como administración competente en materia de defensa de los usuarios y consumidores de la Comunidad y como administración tutelar sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias, a que informe respecto a la existencia o no de duplicidad y la sostenibilidad financiera de la hacienda municipal. 2.- De ser favorable dicho informe, trasladar a la Junta de Castilla y León la voluntad del Ayuntamiento de Burgos de seguir prestando estos servicios desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor. 3.- Instar a la Junta de Castilla y León a suscribir un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Burgos, como mejor fórmula para el adecuado cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, al tratarse de una materia de la que no es competente la administración local pero de interés común con la Comunidad Autónoma. Dicho convenio deberá recoger los recursos que ambas administraciones destinarán para la prestación de estos servicios durante el tiempo que se determine y la fórmula que se considere más apropiada.

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