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El PSOE solicita asistencia sanitaria para la población inmigrante en situación irregular

19 de Septiembre de 2012

El PSOE solicita asistencia sanitaria para la población inmigrante en situación irregular

Luis Escribano Reinosa, portavoz del Grupo de Concejales Socialistas del Ayuntamiento de Burgos, con NIF G28477727, y dirección en Plaza del Rey San Fernando, nº 2, 2º Dcha., de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), presenta la siguiente Proposición. EXPOSICI?N DE MOTIVOS El Artículo 41 de la Constitución Española señala que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. El artículo 43, por su parte, reconoce el derecho a la protección de la salud. El título VIII del texto constitucional regula la organización territorial del Estado que posibilita la asunción, por las Comunidades Autónomas, de competencias en materia de sanidad, reservando para aquél la regulación de las bases y la coordinación general de la sanidad. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad desarrolla lo dispuesto en la Constitución estableciendo los principios y criterios que han permitido configurar el Sistema Nacional de Salud: el carácter público y la universalidad y gratuidad del sistema. La ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, reconoce a todas las personas el derecho a que las actuaciones de salud pública se realicen en condiciones de igualdad, sin que pueda producirse discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, establece acciones de coordinación y cooperación de las Administraciones públicas sanitarias como medio de asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud, con el objetivo común de garantizar la equidad, la calidad y la participación social en el Sistema Nacional de Salud. Equidad, en la línea de desarrollo del principio constitucional de igualdad, que garantice el acceso a las prestaciones y, de esta manera, el derecho a la protección de la salud en condiciones de igualdad efectiva en todo el territorio. El artículo 3 de esta ley señalaba que son titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los extranjeros en el territorio nacional. Sin embargo, el Real Decreto-ley 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y la seguridad de sus prestaciones y el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, aprobados por el Gobierno del Partido Popular encabezado por Mariano Rajoy, suponen un cambio del modelo sanitario en nuestro país. Un cambio que se ha realizado de manera unilateral, sin consenso, y sin contar con el apoyo del sector sanitario ni de los partidos políticos, que rompe el principio de universalidad sanitaria. Hasta entonces, el sistema sanitario era universal, público, gratuito y equitativo. Con la entrada en vigor de estos Decretos se produce un retroceso de la atención sanitaria en nuestro país y la eliminación de estos principios por los que se regía el Sistema Nacional de Salud. La introducción de la condición de asegurado para tener derecho a la asistencia sanitaria en España que recoge el art. 1 del Real Decreto-ley 16/2012 de 20 de abril, y el art. 2 del Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, que modifican la Ley 16/2003, de 28 de mayo, impide que algunas personas puedan acceder al derecho a la salud. Especial incidencia tiene esta reforma sanitaria en la población inmigrante en situación de irregularidad administrativa, produciéndose su exclusión de la atención sanitaria. El derecho a la salud es inherente a cada persona y debe ser garantizado por las Administraciones Públicas sin discriminación alguna. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO  El Ayuntamiento de Burgos declara su disconformidad con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, y el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto e insta al Gobierno de la Nación a su derogación.  El Ayuntamiento de Burgos solicita formalmente a la Junta de Castilla y León que no excluya a la población inmigrante en situación irregular de la asistencia sanitaria que precise.  El Ayuntamiento de Burgos apoya la objeción de conciencia del personal sanitario contra esta reforma sanitaria que supone una clara discriminación.