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Implantación Ley de Igualdad

16 de Octubre de 2006

Implantación Ley de Igualdad

Ángel Olivares Ramírez, portavoz del Grupo de Concejales Socialistas del Ayuntamiento de Burgos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la siguiente Proposición EXPOSICI?N DE MOTIVOS Las españolas están alcanzando, de forma lenta pero en continua progresión, unas cimas profesionales impensables hasta hace poco tiempo, aunque muy lejos aún de la representación masculina. Traspasar el conocido ??techo de cristal? es un objetivo para la mujer actual porque, si el trabajo ha posibilitado que franquee la distancia que la separa del hombre, su triunfo y su éxito es la justa correspondencia y el mérito inherente a su labor y a su cualificación personal. El Gobierno aprobó recientemente el Proyecto de Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, cuyo objetivo final es el de acabar con la discriminación que sufre la mujer y lograr que la igualdad legal vaya acompañada de una igualdad real, con medidas de acción positiva. Esta ley tiene por objeto hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, en particular, mediante la eliminación de la discriminación de la mujer en cualesquiera ámbitos de la vida, y singularmente, en las esferas civil, política, social, económica, laboral y cultural, para, en desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la CE, alcanzar una sociedad más democrática, justa y solidaria. Así, la ley establece principios de actuación de los poderes públicos, regula derechos y deberes de personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir, en el sector público y privado, toda forma de discriminación por razón de sexo, estableciendo en su artículo 20.2 que las entidades locales integrarán el principio de igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborarán, a tal efecto, con el resto de las Administraciones Públicas. Numerosas investigaciones corroboran la percepción social de que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo no ha supuesto una disminución de sus responsabilidades familiares. En consecuencia, las actuaciones encaminadas a incrementar la presencia pública de las mujeres requieren tener en cuenta el grado de desarrollo de las políticas sociales que permitan compatibilizar vida laboral y familiar. Aunque también existen razones de tipo externo, los varones suelen desempeñar puestos más altos en el escalafón que las mujeres por cuestiones derivadas de una ??cultura organizativa? que tiene fuerte arraigo y condiciona la dinámica empresarial e institucional; la cultura organizacional puede estar siendo el soporte que mantiene el ??techo de cristal?. Además, hay que tener presente que los estereotipos de género no se limitan a ser un reflejo simplificado de la realidad, sino que, en tanto que se constituyen en un sistema de creencias, interviene activamente sobre ella y contribuyen al comportamiento en forma de ??profecías autocumplidas?. La realidad es tozuda. Un Consejo de Administración medio de las compañías del IBEX35 cuenta con quince miembros, de los cuales un 3,5% son mujeres. Un reciente estudio en Castila y León establece que existe ??una cierta uniformidad en torno a una proporción del 15% de mujeres en órganos de Administración, que indica que la persistencia de la discriminación por razones de género se mantiene en todo tipo de empresas?. El Ayuntamiento de Burgos tiene en su plantilla, en los puestos de libre designación, tres mujeres frente a nueve hombres. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento que apruebe el siguiente ACUERDO El Ayuntamiento de Burgos, a través del Consejo Sectorial de la Mujer, y de la manera más operativa que se considere, promoverá los mecanismos que sean necesarios para la plena aplicación de la Ley de Igualdad en cuanto se produzca su entrada en vigor, dentro de su ámbito territorial, y en el ejercicio de su autonomía, actuando tanto en el plano de su funcionamiento como Administración Pública, como también tomando las medidas necesarias para promover dicha cultura en el empresariado burgalés. El compromiso efectivo del principio de igualdad entre hombres y mujeres será criterio de actuación del Ayuntamiento de Burgos. A.-Para hacer efectivo el principio de igualdad en el empleo público se atenderá, en el ámbito de la administración municipal, al principio de representación equilibrada previsto en la ley para la Administración General del Estado. Esto supondrá, entre otras posibles medidas, que el Ayuntamiento de Burgos atienda a dicho principio en los nombramientos correspondientes a los puestos de libre designación, en la composición de los tribunales y órganos de selección del personal o en la designación a sus representantes en órganos colegiados y comités consultivos, siempre que ello sea posible. Asimismo, se adoptarán las medidas necesarias para que, sin perjuicio de las mejoras que pudieran producirse en los acuerdos negociados con los representantes de los empleados públicos, se establezca un régimen de excedencias, reducciones de jornada, permisos u otros beneficios con el fin de proteger la maternidad y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Se computarán en las bases de los concursos para la provisión de puestos de trabajo a los efectos de valoración del trabajo desarrollado y de los correspondientes méritos, el tiempo que las candidatas y candidatos hayan permanecido en dichas situaciones de excedencias o reducciones de jornada. Se dará preferencia, en la adjudicación de plazas para participar en cursos de formación, a quienes se hayan incorporado al servicio activo procedentes del permiso de maternidad/paternidad o hayan reingresado desde la situación de excedencia por razones de guarda legal y atención a mayores dependientes o personas con discapacidad. Se elaborará un protocolo de actuación frente al acoso sexual y, en general, se estudiará la manera de implantar todas las medidas previstas en el capítulo III de la Ley. B.-El hecho de que, en las cúpulas empresariales, los hombres aventajen en número a las mujeres sería una muestra de que no todas las personas participan de idénticas oportunidades de acceso y de que existe segregación de género, no habiendo ninguna diferencia geográfica, experiencia profesional, condición familiar, ambición personal u obstáculo profesional que justifique esta situación de desequilibrio. Las empresas deben ser conscientes de que necesitan incorporar a mujeres a puestos de responsabilidad por la pérdida de talento que supone que una parte de la población suficientemente preparada, y en la cual la sociedad en su conjunto ha invertido gran parte de sus recursos, no pueda llegar a ocupar una posición cuyos retornos futuros mejorarían la eficiencia de los recursos comprometidos en esa inversión de capital humano. Dentro de la estrategia europea, la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la organización empresarial se explica no solamente desde un imperativo ético como derechos de ciudadanía, sino desde el punto de vista económico de ineficiencia de recursos productivos. Es necesario profundizar en la aplicación de medidas y políticas de acción positiva encaminadas a lograr la plena igualdad en los distintos niveles de decisión empresarial. Para ello, se procurará adoptar medidas que favorezcan dicha representación equilibrada en las empresas burgalesas: -Se realizarán análisis empíricos y actualizados de la realidad de nuestra ciudad, promoviendo el desarrollo de modelos culturales que favorezcan la composición paritaria en los consejos de administración de las sociedades mercantiles y la elaboración de los planes de igualdad en las empresas que prevé el proyecto de Ley. Todo lo expuesto anteriormente, lo será sin perjuicio de incorporar otras mejoras o modificaciones que, como consecuencia de su tramitación parlamentaria, puedan reformar el proyecto de ley. Asimismo, y en todo lo que no sea legislación básica del Estado, se instará a la Junta de Castilla y León a legislar en el ámbito de sus competencias de acuerdo con los principios establecidos en la ley.