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La concejala de Consumo reclama a la Junta que garantice la existencia de la OMIC

08 de Julio de 2021

La concejala de Consumo reclama a la Junta que garantice la existencia de la OMIC

Lola Ovejero destaca que la Oficina ha atendido a más de 695.000 ciudadanos en sus treinta y siete años de existencia.

El Ayuntamiento de Burgos sigue apostando por la OMIC, y asumiendo la defensa de los consumidores, pero destaca que es necesaria la implicación de la Junta.

La concejala de Consumo, Lola Ovejero, ha sido contundente esta mañana al señalar que es una obligación legal, tanto del Ayuntamiento como de la Junta, garantizar la existencia de la Oficina Municipal de Consumo.

Como ha recordado la socialista se trasladó al Director General de Comercio y Consumo de Castilla y León, el firme propósito del Ayuntamiento de Burgos, de garantizar la existencia de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que durante treinta y siete años de existencia, ha dado servicio a 695.000 ciudadanos, de los cuales un 70% fueron vecinos de Burgos y un 30% de la provincia o de otras provincias. 

Ovejero ha señalado que se solicitó a la Junta de Castilla y León, la necesidad de acometer medidas urgentes, de carácter legal y económico que garantizaran la defensa de los Consumidores en la Región, asegurando la existencia de las Oficinas de Información al Consumidor en todos los Ayuntamientos de la misma.

La edil ha recordado que la falta de concreción legal de las competencias en materia de protección al consumidor, y la falta de ayudas económicas a los Ayuntamientos, supuso el cierre de las OMICs de Palencia y Valladolid en enero y noviembre de 2020.

Por ello, y para asegurar la pervivencia de la OMIC, se propuso al Gobierno regional la reforma de la Ley 2/2015 para concretar de manera clara y precisa, la atribución de la defensa de los consumidores como competencia propia de los Ayuntamientos. Además, de la necesidad de retomar la línea de subvenciones de la Junta de Castilla y León a las administraciones locales, interrumpida en 2011, destinada a cofinanciar el coste que supone el mantenimiento de la OMIC, que recae en exclusiva en el Ayuntamiento de Burgos y resto de Ayuntamientos.

Sin embargo, y a pesar el escrito remitido por el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, sobre las necesidades de la OMIC la Dirección General de Comercio y Consumo ha comunicado que la línea de subvención dirigida a los Ayuntamientos, a la que se comprometió, no va a ser posible para 2022, por las necesidades actuales de gasto derivadas del Covid.

Por todo ello, Ovejero ha señalado que el equipo de Gobierno rechaza la respuesta de la Junta de Castilla y León, exigiendo a la Dirección General de Comercio y Consumo, que cumpla el compromiso adquirido, y ponga en marcha la reforma legal indicada y la aprobación este mismo ejercicio de la línea de subvenciones dirigida los Ayuntamientos de Castilla y León para el sostenimiento económico de las OMCs de la región.

Como ha subrayado la responsable de Consumo “es una obligación legal, de ambas administraciones, garantizar la existencia de las OMICs ya que realizan una importantísima labor social, proporcionando al ciudadano, no solo la información necesaria para hacer valer sus derechos, sino los mecanismos para la resolución de sus reclamaciones”.

Como ha indicado con contundencia Ovejero el Ayuntamiento de Burgos, sigue apostando por la OMIC, y asumiendo la defensa de los consumidores, pero exige que la Junta de Castilla y León se implique, proporcionando recursos económicos de cofinanciación para el sostenimiento de éstos servicios, y dando cobertura legal adecuada para su existencia en el futuro, evitando con ello, cierres como los citados.