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La España social

12 de Mayo de 2006

La España social

La democracia posibilitó el desarrollo del Estado del Bienestar en España. A los socialistas, nos cabe el orgullo de que gobiernos del PSOE fueran los impulsores de la universalización de la educación, la sanidad y las pensiones. La Ley Orgánica del Derecho a la Educación, en el año 1985, extendió la educación básica hasta alcanzar a todos y cada uno de los ciudadanos; la Ley General de la Sanidad de 1986 implantó la sanidad pública universal y la Ley de Pensiones no Contributivas de 1990 facilitó las pensiones públicas.

En la década de los ochenta, España fue saliendo del subdesarrollo social, acercándose progresivamente a la media europea con la reducción del diferencial a 4,7 puntos del PIB en 1993. El gobierno Aznar arruinó totalmente este proceso, volviendo a situar el déficit social de España, con relación a los quince países que formaban entonces la Unión Europea, a porcentajes semejantes a los existentes a la muerte de Franco. Las estadísticas oficiales nos demuestran que, durante estos años, las pensiones, la sanidad, la educación, los servicios de ayuda a la familia y otros componentes del Estado del Bienestar fueron teniendo menos recursos proporcionalmente que el promedio de la UE, distanciándonos más y más de la Europa social. Los partidos políticos conservadores hablan mucho y hacen muy poco a favor de la familia. El gasto pro-familia en España es sólo un 0,5% del PIB, cuatro veces menor que el promedio de la UE, que es de 2,1%. El más bajo de la UE. Sólo el 8% de los niños españoles menores de 3 años tienen plaza en una escuela de infancia pública -en Dinamarca, el 44% , en Suecia, el 40% y, en Francia, el 23%-. España tiene uno de los niveles más bajos de cobertura de servicios domiciliarios para las personas mayores -1,5% de los mayores de 65 años-. Esta cifra se encuentra muy por debajo de otras experiencias europeas, como Dinamarca, con el 24% de los mayores de 64 años cubiertos, Suecia, el 17%, Holanda , el 9,5%, o Reino Unido, con el 5,52%. Estas carencias, junto con la precariedad laboral, tienen como consecuencia una sobrecarga para las familias, en particular para las mujeres, que se ven sometidas a una doble o triple jornada laboral, con graves consecuencias para su salud física y mental. El coste social de tales insuficiencias repercute en una de las fecundidades más bajas de la UE -1,18 niños por mujer fértil- y que la mujer española de 35 a 55 años tiene tres veces más enfermedades producidas por el stress que el promedio español. La Ley de Dependencia va a suponer la implantación en España del cuarto pilar del Estado del Bienestar. El reconocimiento de un derecho subjetivo, universal y perfecto supondrá un avance de trascendencia histórica, al igual que lo fueron en su día la educación, sanidad y pensiones. Será una conquista irreversible del pueblo español en cuya consecución tendrán un mérito indudable todas las organizaciones y ciudadanos que están participando con sus aportaciones en el debate social que se está produciendo. Ángel Olivares Ramírez Burgos, 12 de mayo de 2006