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Los constructores no tendrán que pagar la propaganda del PP

18 de Marzo de 2009

Los constructores no tendrán que pagar la propaganda del PP

Aparicio no podrá obligar a las empresas adjudicatarias de parcelas municipales a pagar las campañas publicitarias del Partido Popular. Así lo ha sentenciado la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha estimado parcialmente un recurso interpuesto por el Grupo Municipal Socialista.

El portavoz socialista, Ángel Olivares, se ha felicitado por la sentencia porque ahora, dijo, ??el PP deberá pagarse su propia campaña electoral y Aparicio tendrá que dejar de despilfarrar el Patrimonio Municipal del Suelo?. ??Lo lamentable del caso -añadió- es que el alcalde no se atreve a dar la cara y decir cuánto suelo recibió en el año 2003, cuánto se ha destinado a Viviendas de Protección Oficial y cuánto suelo queda ahora?. El PSOE recurrió el acuerdo plenario de 3 de febrero de 2005 por el que se aprobó el concurso para la enajenación de parcelas de propiedad municipal para ser destinadas a las construcción de Viviendas de Protección Oficial en varios sectores de la ciudad. El Tribunal Superior de Justicia, en sentencia firme, anula una de las cláusulas de este concurso mediante la cual se obligaba a las empresas que resultaran adjudicatarias a financiar una campaña sobre las viviendas construidas. El Alto Tribunal regional anula esta cláusula por tres motivos: Primero, porque ??es un procedimiento de obtención de unos recursos financieros que está al margen de los medios previstos para ello en la legislación reguladora de las Haciendas Locales?; en segundo lugar, porque ??es una vulneración del objeto del contrato, que no es precisamente la financiación de campañas o exposiciones informativas; y, en tercer lugar, porque se vulnera el precio mínimo obligatorio, pues ??el pliego fija el precio mínimo a satisfacer por cada parcela, pero se le obliga a financiar esta campaña o exposición informativa, lo que implica precio superior y distinto a es precio mínimo, pero obligatorio?. Aunque el TSJ no admite en su totalidad otra pretensión del Grupo Municipal Socialista sobre la obligación de cesión de lo edificado que no tenga como destino un uso residencial, va incluso más allá que las pretensiones socialistas sobre la acotación que realiza sobre la utilización del Patrimonio Municipal del Suelo. En este sentido, la sentencia se muestra contundente al afirmar que la ??finalidad del contrato es la enajenación de parcelas que tiene como único y exclusivo destino la construcción de viviendas, pero no locales comerciales?. Además, afirma que sería posible que el PGOU obligara a la construcción de superficies que no fueran destinadas a viviendas, en cuyo caso estos locales ??debieran pasar a ingresar el Patrimonio Municipal del Suelo?. Finalmente, la Sala entiende que, en el supuesto de que esto no se produjera, los locales no pueden utilizarse para otros fines que los contemplados por la ley, es decir, o se destinan a viviendas o bien revierten al Ayuntamiento y continúan formando parte del Patrimonio Municipal del Suelo.

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