Cargando...

Modificación del PGOU para no construir en La Camposa

06 de Septiembre de 2004

Modificación del PGOU para no construir en La Camposa

Ángel Olivares Ramírez, portavoz del Grupo de Concejales Socialistas del Ayuntamiento de Burgos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ante el Pleno de la Corporación presenta la siguiente Proposición: EXPOSICI?N DE MOTIVOS El PGOU vigente entró en vigor el día dos de julio de 1999 un día antes de que tomara posesión un nuevo alcalde que, por primera vez en la historia de la ciudad, encabezaba un equipo de gobierno formado por PSOE e IU. El 15 de abril de 1999 fue publicada la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León. El PGOU, elaborado por PROINTEC durante siete años y aprobado en la legislatura 1995-1999 contó con el exclusivo apoyo político del PP. El resto de partidos políticos y organizaciones sociales de diversa naturaleza se manifestaron en contra del mismo promoviendo múltiples alegaciones que no fueron atendidas por el equipo de gobierno encabezado por el PP. Esta carencia de legitimidad social, que no legal, de la norma urbanística que diseña la ciudad originará en el futuro una cascada de conflictos debidos a la carencia del consenso social que hubiera sido conveniente, tratándose de una norma que irradia sus efectos en plazos superiores a una legislatura, y que tiene sus consecuencias para la ciudad durante toda su historia futura. El PGOU ?? PROINTEC adolece de una significativa carencia de modelo de ciudad, es técnicamente deficiente, fomenta la especulación urbanística y crea problemas en lugar de resolverlos especialmente en los ámbitos del suelo urbano pendientes de su consolidación. En esta función del Plan General, seguramente una de las más importantes, de ??suturar? el suelo urbano resolviendo viejos conflictos, el PGOU ha fracasado estrepitosamente al proponer ??soluciones? fundamentadas exclusivamente en arbitrarios y escandalosos incrementos de aprovechamiento que, en lugar de resolver los problemas existentes, les empeoraban. La gran parte de las Unidades de Actuación proponen densidades edificatorias muy superiores a las previstas en la Ley 5/1999 produciéndose la paradoja de que se pretendía aplicar un Plan urbanístico que preveía calidades urbanísticas y, por lo tanto, calidad de vida, mucho peores que las previstas en la Ley que fue publicada dos meses antes de que entrara en vigor el nuevo Plan General. Afortunadamente, las deficiencias técnicas del PGOU, y las modificaciones introducidas por el anterior equipo de gobierno para adaptar el Plan a la nueva Ley han impedido que la mayor parte de estas unidades fueran ejecutadas de tal manera que la ciudad, en este momento, puede decidir el futuro de esos ámbitos de actuación sin el condicionante del pésimo PGOU que está en vigor. Esta desdichada herencia, que la ciudad recibe en 1999 se vio agravada por dos circunstancias de especial importancia: La carencia absoluta de Patrimonio Municipal de Suelo, de tal manera que el Ayuntamiento se encontraba imposibilitado de intervenir en el mercado del suelo y de la vivienda que posibilitara una actuación positiva para incidir en el elevado precio que la vivienda tiene en nuestra ciudad. La revisión general del PGOU en atención a los criterios de nuevo equipo de gobierno hubiera supuesto una importante paralización de la gestión urbanística y un agravamiento de la carencia de viviendas a precios asequibles. Las sucesivas modificaciones legales de inspiración conservadora han introducido importantes novedades con relación al momento en el que se produce la patrimonialización del aprovechamiento urbanístico, dificultando la capacidad innovadora de la administración pública que, ante su deseo de modificar anticipadamente el planeamiento tendrá que afrontar importantes indemnizaciones, variando sustancialmente el criterio existente desde que fue aprobada la Ley de Urbanismo de 1956. Estas nuevas orientaciones urbanísticas del PP siempre han ido dirigidas a proteger los derechos de los propietarios del suelo, mermando los derechos de la colectividad. En estos momentos, la situación ha cambiado radicalmente por cuanto la eficaz gestión urbanística desarrollada durante los años 1999 ?? 2003 ha conseguido que el Ayuntamiento disponga de un amplio Patrimonio Público, y que los sistemas generales se puedan ejecutar. El Ayuntamiento, sin abandonar una política activa de vivienda, puede y debe afrontar una revisión general del PGOU, que consiga dotar a la ciudad de un nuevo planeamiento que goce de mayor consenso social y político, y que resuelva eficazmente los problemas que existen en el suelo urbano no consolidado. Este proceso de revisión general debe ir acompañado de soluciones concretas a problemas que el PGOU PROINTEC crea, unos parcialmente solucionados como es el caso de las viviendas de la calle Briviesca, ??tapiadas? por las nuevas edificaciones en la Avenida de la Paz, y otros que se encuentran en plena conflictividad social como son los casos en la Sagrada Familia o en la Unidad de Actuación 33.01 La Camposa San Francisco. Como acertadamente ha declarado la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de fecha 17 de junio de 2004, en la Unidad de Actuación 33.01, ??las construcciones proyectadas, por su altura y por el hecho de que con la urbanización se va a proceder al desmonte y explanación de la ladera, suponen una clara limitación visual del paisaje que no puede justificarse por la invasión que otras construcciones hayan podido cometer con anterioridad? declarando no ser conforme a derecho estas previsiones por infracción de lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución y 138 del Texto Refundido de la Ley del Suelo. Esta sentencia supone un cambio sustancial en la gestión de esta Unidad de Actuación, pues al anular la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, trae como consecuencia inmediata la sucesiva nulidad de todos cuantos acuerdos se adopten fundamentándose en dicho Proyecto. Se ven afectados los acuerdos de aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización, adoptado en fecha 29 de Enero de 2003 y la Licencia de Obras concedida a un Proyecto Básico para la construcción de 57 viviendas, en fecha 30 de Diciembre de 2003 Muchos los burgaleses que comparten los criterios mantenidos en esta sentencia, y que quieren mantener bien protegidos los límites del Castillo han manifestado su opinión en contra de estas construcciones poniendo de relieve, una vez más los graves conflictos sociales que provoca este PGOU. El Ayuntamiento, reconociendo las equivocadas previsiones del PGOU debe ser sensible a las demandas ciudadanas solucionando el problema creado sin empecinarse en la comisión de un error que tendrá consecuencias graves para la ciudad, tanto si la Sentencia es confirmada como si no lo fuera. En el supuesto de que el Tribunal Supremo admitiera íntegramente la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León nos encontraríamos con un edificio ya construido, habitado por compradores de buena fe con lo que el restablecimiento de la legalidad llevaría aparejada unas cuantiosas indemnizaciones a cargo del Ayuntamiento creándose problemas sociales importantes. Si la Sentencia fuera casada por el Tribunal Supremo nos encontraríamos con una agresión al borde del Castillo empeorando su calidad medioambiental y perjudicando los derechos de todos los burgaleses. Lo sensato y razonable es que se modifiquen las previsiones del PGOU intentando llegar a una acuerdo con los propietarios afectados, de tal manera que no exista perjuicio patrimonial y que el Ayuntamiento pueda compensar estos perjuicios con aprovechamiento urbanístico de propiedad municipal que el Ayuntamiento ha obtenido gracias a la gestión urbanística desarrollada en la pasada legislatura. Tampoco podemos olvidar, que el equipo de gobierno actual está dispuesto a utilizar la figura del los Convenios de Planeamiento para ??solucionar? su gestión urbanística (véase el Convenio para la obtención del Peña Amaya) por lo que este es otra vía que el equipo de gobierno tiene para conservar la Camposa con una ordenación urbanística que respete la calidad medioambiental del Castillo. Por todo lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS 1.-El Pleno de la Corporación insta al equipo de Gobierno a que en el plazo máximo de un mes someta a la consideración del Pleno de la Corporación una modificación del Plan General de Ordenación Urbana en la Unidad de Actuación 33.01 suprimiendo las edificaciones previstas. Esta aprobación inicial llevará aparejada la suspensión de licencias en ese ámbito de actuación. 2.-El Ayuntamiento desistirá del Recurso de Casación interpuesto ante el Tribunal Supremo solicitando la casación de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. 3.-Se insta al equipo de Gobierno a que inicie inmediatamente conversaciones con los promotores afectados de tal manera, que se intente llegar a un acuerdo de compensación, mediante aprovechamiento urbanístico, de los perjuicios que se puedan ocasionar. 4.-Iniciar la revisión de oficio de cuantos actos administrativos que puedan reconocer el derecho a ejecutar el aprovechamiento previsto en la Unidad de Actuación 33.01. 5.-Adoptar las medidas que sean precisas para la inmediata paralización de las obras iniciadas.